Fernanda Stang

Fernanda Stang

Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU-UCSH)

Día internacional del migrante: “No hay nada (o casi nada) que celebrar”

Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. La elección del verbo, “conmemorar”, no es antojadiza. En realidad debiese tratarse de una celebración, puesto que lo que se recuerda ese día es la aprobación, en 1990, de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, en el seno de las Naciones Unidas. Pero a 30 años de esa aprobación, y con una mirada sincera y crítica, no es mucho lo que se ha avanzado en el mundo en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Quizás algunos elementos podían augurar esos resultados: el instrumento internacional coloca como sujetos de derechos a los migrantes en su calidad de trabajadores, y a sus familias como dependientes de esa garantía unidimensional. Además, es una de las convenciones cuya entrada en vigencia tomó más tiempo: recién en 2003 se logró la cantidad de ratificaciones necesaria para darle vigor, puesto que los principales países receptores se resistían a hacerlo. Algunos, como Estados Unidos, aún no lo hacen.

Este año, además, las razones para celebrar son aún más difíciles de encontrar. La pandemia generada por el Covid-19 ha atravesado fronteras y, a la vez, en un movimiento paradójico, las ha solidificado. En Chile, el cierre temporal de fronteras llenó las pantallas de televisión de las escenas más palmarias del modo utilitarista en que los Estados se relacionan con la migración: parias de sus Estados de origen y del Estado en el que estaban residiendo, centenares de migrantes que perdieron sus trabajos acamparon frente a consulados, presionando por ayuda para volver a sus ciudades y pueblos, a las redes de familiares y amigos que pudieran contenerlos en la crisis. Cuando ya no tuvieron un trabajo que legitimara su presencia, cuando desapareció la fuente de envío de remesas, quedaron por buen tiempo a la deriva, evidenciando que los derechos que nos asisten como humanos no tienen interlocutor para exigirlos si no se nos considera ciudadanos.

Otra de las razones que le quita a este día su tono celebratorio, es la aprobación de una ley de migraciones que viene a reemplazar un decreto ley generado en el marco de una dictadura, por un texto normativo que vulnera principios constitucionales; no garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes no acompañados, dejándolos en una situación de desprotección; omite garantías al debido proceso; persiste, como el decreto ley de la dictadura, en instituir como regla una amplia discrecionalidad para expulsar a las personas sobre la base de criterios securitistas, o para poner barreras más densas (mediante visas consulares) a las personas de determinados países, los “migrantes indeseables”; le da la espalda al “Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, de donde proviene buena parte de sus inmigrantes, y en cambio toma como horizonte y modelo las experiencias de países con realidades migratorias muy distintas, como Canadá y Nueva Zelandia. En definitiva, una norma que no concibe al migrante como sujeto de derechos, sino como sujeto económico, que se está dispuesto a dejar pasar sólo cuando se necesita de él/ella, y para lo que se necesita de él/ella, parafraseando a Abdelmalek Sayad.

Una ley que se elaboró desoyendo a una amplia mayoría de voces relacionadas con los temas migratorios: organizaciones de y para migrantes, académicos/as que estudian estos temas. Parece de toda lógica que, si un concierto de voces tan amplio, y conocedoras del tema, coincidían en considerar de manera negativa el texto de la ley, era necesario escucharlas con atención. La actitud fue, en cambio, apurar el proceso legislativo, azuzando sentimientos xenófobos agudizados por la crisis sanitaria y económica.

Poco hay para celebrar, parece, pero el optimismo porfía; “siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana”, decía Borges en la milonga para Jacinto Chiclana. Y la esperanza porfía, en el arduo y extenso trabajo de resistencia de las organizaciones migrantes frente a la aprobación de una ley con ese perfil, y en esas condiciones; en las respuestas solidarias frente a las situaciones complejas de la población migrante más precarizada durante esta pandemia, de los migrantes acampando en plazas, que articularon a migrantes y nacionales en ollas comunes, voluntariado de apoyo a estudiantes sin conectividad, asesoramiento y acompañamiento a mujeres migrantes víctimas de violencia de género… acciones micropolíticas de la presencia y la permanencia, acciones de una nueva manera de ser y actuar la ciudadanía que se está construyendo, aunque la ley de migraciones dificulte aún más el ejercicio de los derechos políticos de los migrantes. Acciones que, en este tiempo constituyente, nos hablan de la construcción de una nueva comunidad política, una cuyos miembros “sean portadores de derechos no debido a un vínculo prejurídico que les une existencialmente al Estado, sino por el hecho de residir en él”, como afirma Martínez Bonora.