Felipe Seguel, encargado del Área Extensión y Formación para la Ciudadanía del Programa PACE UCSH y docente UCSH.

Felipe Seguel

Encargado del Área Extensión y Formación para la Ciudadanía del Programa PACE UCSH y docente UCSH

Nueva vulnerabilidad social: desafíos a la política pública

La pandemia del coronavirus ha transformado nuestra realidad económica y social, evidenciando las brechas y fisuras de un modelo de desarrollo basado en un Estado Subsidiario que fomenta la competencia individual, a la vez que corrige las diferencias de ingresos de las personas con una red de protección social cuyo objetivo fundamental sería la equidad.

Sin embargo, uno de los elementos que hemos visto emerger dentro de esta realidad ha sido el aumento de la cesantía. Miles de personas han perdido sus trabajos y otras lo han mantenido mediante la ley de “protección” del empleo, pero sufriendo los costos de la precarización laboral, viendo mermados sus ingresos de manera dramática. Este escenario se perfila como el desafío más importante de la política pública para los próximos años, pues el aumento de personas bajo la línea de pobreza será la tónica de este proceso.

Frente a ello, la vulnerabilidad social también irá en aumento, pues alejarse de la línea de la pobreza no implica superarla definitivamente. El objetivo de la protección social es justamente generar las condiciones para que las personas que se encuentran en espacios de vulnerabilidad no caigan nuevamente en la pobreza. Se busca, mediante la ejecución de programas del Estado poder lidiar con diversas inseguridades: precariedad de ingresos, vejez, desempleo, enfermedades y acceso a la educación superior, entre otras.

En el Chile pospandemia aumentará el número de personas en situación de pobreza y se configurará una nueva vulnerabilidad social. Familias que tendrán nuevas urgencias, demandas y necesidades para escenarios de precariedad. Familias que antes de la pandemia no eran beneficiarias de los programas del Estado y que ahora lo necesitarán más que nunca. Un marco de nuevos desafíos.

Por ello, en primer lugar deberíamos apuntar a un mayor rol del Estado en dicho escenario, que supere su definición subsidiaria y que se redefina la protección social hacia un enfoque de derechos. Segundo, pensar cómo innovamos en la gestión desde las líneas de trabajo de Programas como el PACE UCSH; pues los establecimientos, la comunidad educativa, el estudiantado y sus familias, tendrán nuevas demandas sociales que debemos enfrentar en los marcos y objetivos de esta política pública y otras similares.  Por último, es urgente seguir fortaleciendo la Educación Pública como un bien social, vinculando a los establecimientos educacionales con sus territorios y ampliando expectativas de trayectorias postsecundarias que se verán fuertemente afectadas por esta nueva vulnerabilidad.